Madrid, 30 de mayo de 2022.– Un total de 76 organizaciones de la sociedad civil de la UE han dado la voz de alarma, en una declaración conjunta[1] remitida al Parlamento, el Consejo y la Comisión sobre las deficiencias del borrador[2] de la nueva norma de Estadísticas sobre Insumos y Productos Agrícolas[3] que en estos precisos momentos negocian los mencionados organismos[4]. Es una norma clave, ya que de ella dependerá la información de la que se dispondrá sobre el uso real de pesticidas en cada uno de los países de la Unión Europea. Tal y como se recoge en la declaración conjunta, “si el texto de compromiso sobre estos aspectos se convierte en ley, los datos recopilados sobre el uso de pesticidas serán demasiado escasos, demasiado tardíos y con una incertidumbre preocupante sobre lo que realmente se publicará[5]”.

Este asunto resulta especialmente relevante en España, que es el país europeo donde más pesticidas se venden, según los últimos datos de Eurosta[6], tal y como recuerda Carlos de Prada, director de Hogar sin tóxicos, una de las entidades firmantes, que lleva años trabajando a favor de reducir del uso de estas sustancias en España. Según este experto, “no disponer de información suficiente sobre el uso de pesticidas puede dificultar los planes europeos de reducir el uso de estos venenos, al no poderse verificar adecuadamente si su empleo crece o decrece. Es absolutamente clave tener información fiable lo más detallada posible y a tiempo acerca de qué pesticidas se están usando, dónde, cuándo y en qué cantidades”.

Carlos de Prada subraya que “desconocer la situación real es como vivir con una venda en los ojos ante algo que representa un serio riesgo. Los únicos que se han venido beneficiando del descontrol existente son algunas grandes empresas que se lucran con la venta de cientos de miles de toneladas de estos venenos”. Ese desconocimiento, añade, favorece que se usen los pesticidas de forma tan desmedida y puede tener efectos muy negativos, ya que no disponer de datos precisos dificulta, por ejemplo, identificar zonas donde pueda darse una contaminación de las aguas o donde la exposición a pesticidas pueda estar causando daños en la salud humana o la biodiversidad”.

Según la declaración conjunta, si no se enmienda lo acordado hasta ahora, habría que esperar hasta 2028 para disponer de la primera recopilación anual de datos que hagan las autoridades de los países sobre el uso de pesticidas por parte de los agricultores. Algo contra lo que se rebelan las organizaciones de la sociedad civil que piden que la norma obligue a la Comisión Europea a tener operativo un formato electrónico armonizado antes del 1 de enero de 2023 y que el período de transición para la primera recopilación digital de todos los registros de los agricultores para todos los cultivos, esté disponible al menos en 2025[7]. Además, las organizaciones firmantes piden que la norma haga obligatorio que los gobiernos nacionales recopilen anualmente todos los datos de uso de pesticidas de los agricultores y que se tenga la debida concreción por zonas.

Derecho a la información

La declaración conjunta enviada a las autoridades europeas también denuncia que la nueva normativa en preparación atenta contra el derecho de los ciudadanos a la información, puesto que no garantiza adecuadamente[8] que los datos sobre el uso y las ventas de todos los plaguicidas se publiquen realmente por sustancia activa en pleno cumplimiento de las normas sobre acceso a la información medioambiental. Por ello se debería incluir una disposición que concrete la necesaria difusión de datos sobre el uso y la venta de plaguicidas que indique explícitamente y por adelantado el nivel de detalle que se publicará. Es imprescindible que los datos se den a conocer por sustancia activa, superficie tratada (ha) y por cultivo[9], y que dichos datos estén en el dominio público.

Otra crítica que se hace es que hay demasiadas excepciones potenciales en la propuesta de la Comisión que podrían limitar indebidamente la información transmitida a Eurostat en relación con los plaguicidas. Unas excepciones o exenciones que se solicita que no se apliquen a los datos sobre plaguicidas[10].

Hasta ahora, tal y como se denuncia en la declaración conjunta, son escasos los datos que se recopilan y publican en la UE sobre el volumen de uso de pesticidas[11], y es esencial mejorar esta situación, ya que disponer de tal información es básico para poder adoptar medidas adecuadas acerca de unas sustancias sobre las que se acumula la evidencia de un daño inaceptable a la biodiversidad y a la salud humana.

La estrategia Farm to Fork, en el aire

Además, como antes se apuntó, la falta del debido conocimiento sobre las cantidades reales de pesticidas que se emplean en un país puede dañar gravemente los planes de reducir el uso de estos venenos agrarios en el continente, al dificultar la comprobación de que realmente se estén cumpliendo los objetivos marcados en el Pacto Verde Europeo, en concreto la estrategia Farm to Fork, que promueve una fuerte una reducción en el uso de pesticidas de aquí al año 2030. Sin datos fiables, será difícil verificar que realmente se reduce el uso de pesticidas, un elemento central en la transición hacia un modelo agrícola ecológico, que superaría un modelo de producción convencional que, como se dice en la Declaración, “ni siquiera beneficia económicamente a los propios agricultores[12]”.

Actualmente, a pesar de que desde hace una década existe la obligación formal de que los agricultores mantengan a disposición de las autoridades un registro de los pesticidas que usan[13], estos datos no se recopilan sistemáticamente y no es raro que, si alguien quisiera acceder a esos registros, por ejemplo un equipo de científicos o cualquier otra entidad o persona, se vea obligado a acudir a los tribunales.

Como se dice en la Declaración, “el uso de pesticidas y sus riesgos para la salud humana y el medio ambiente están fuera de control” y disponer de esos datos ayudaría a “reconstruir la confianza de los ciudadanos de la UE en los gobiernos nacionales, las instituciones de la UE y en su voluntad de proteger la salud pública y el medio ambiente frente al peso de los intereses privados, como los grupos de presión agroquímicos”.

Sobre Hogar sin tóxicos: La iniciativa Hogar sin tóxicos (www.hogarsintoxicos.org), dirigida por el periodista, escritor y divulgador ambiental Carlos de Prada, Premio Global 500 de la ONU y Premio Nacional de Medio Ambiente, tiene como objetivo denunciar situaciones de riesgo provocadas por las sustancias tóxicas presentes en los más diversos productos de uso cotidiano y proponer alternativas. Basándose en la ciencia, busca que las Administraciones mejoren la normativa y adopten medidas que realmente protejan la salud de las personas, y que las empresas eliminen o reduzcan significativamente el uso de esos compuestos. Hogar sin tóxicos también busca concienciar a la población, ya que sin la debida conciencia social, ni la Administración ni las empresas se sentirán suficientemente motivadas, ni los ciudadanos podrán adoptar medidas para protegerse de los riesgos existentes, que en muchas ocasiones son fácilmente prevenibles.